El cambio climático ocasionado por el denominado "efecto invernadero" ha sido identificado en la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro en 1992, como uno de los tres grandes problemas ambientales de alcance global que afectan al planeta. En 1994, junto a otros 180 países, Uruguay adoptó la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, con el objetivo de "lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas al sistema climático".

Tanto en términos per capita como por unidad de producto, Uruguay se ubica entre los principales emisores de GEI del mundo. Cerca de 80 % de las emisiones se originan en actividades agropecuarias. Al adoptar la Convención de Cambio Climático, el país se comprometió a "formular, aplicar y actualizar programas nacionales que contengan medidas de mitigación de emisiones...".

Más allá de los compromisos asumidos, el tema tiene fuertes implicancias para la economía y el desarrollo del país, y del sector agropecuario en particular. Los cambios en el uso de la tierra verificados en la última década (forestación, incremento en el área bajo pasturas y adopción de la siembra directa), además de preservar y mejorar la calidad de los suelos, han constituido un importante sumidero de carbono atmosférico, habiendo reducido las emisiones netas de GEI del país en cerca de un tercio. El aumento en el área de cultivos bajo riego podrá ser una forma adicional de fijación de carbono. Es de esperar que este proceso continúe por lo menos al mismo ritmo durante los próximos diez años.

La posible comercialización de estos servicios ambientales en el incipiente "mercado internacional del carbono" posibilitaría a los productores uruguayos la obtención de divisas por decenas, y tal vez cientos, de millones de dólares anuales, adicionales a los ingresos obtenidos por la venta de los productos agropecuarios y forestales. El mercado mundial de "permisos de emisión de GEI" será, según estimaciones del Banco Mundial, de 150.000 millones de dólares en 2020.

La existencia de este mercado puede estimular nuevas formas de generar permisos de emisión de GEI. Las emisiones de metano y óxido nitroso originadas en la actividad pecuaria y cultivos bajo riego son responsables por más de dos tercios de la emisión total del país. La alta emisión de estos gases por unidad de producto animal podría convertirse en un futuro no muy lejano en una barrera comercial no arancelaria para las exportaciones del país. Una reducción de 20 % en estas emisiones, lograble a través de una intensificación de la ganadería, podría generar ingresos del orden de 100 a 200 millones de dólares al año, con los beneficios adicionales de mayor productividad, mejora en la calidad de los suelos y mayor libertad comercial.

Dicha intensificación de la producción ganadera podría liberar suelos poco productivos (Basalto, cristalino) para otros fines. Estas áreas podrían ser destinadas al secuestro de carbono (en suelo y eventuales plantaciones forestales) y al almacenaje de agua -uno de los recursos más valiosos del futuro- en represas que cumplirían además funciones de preservación de la vida silvestre y una posible atracción turística. Los suelos sobre Basalto son particularmente adecuados para este fin, dados su topografía y la baja permeabilidad del subsuelo.

Si bien ya una alta proporción de la energía consumida en Uruguay se origina en fuentes renovables de producción nacional, el surgimiento del mercado del carbono podría viabilizar una mayor sustitución del petróleo en el espectro de fuentes energéticas. La utilización de biomasa, ya sea a partir de cultivos sembrados específicamente (gramíneas C₄ perennes, plantaciones forestales de turno corto) o de residuos (leña, aserrín) para generación de electricidad o producción de alcohol aparece como una alternativa a considerar. Por otra parte, el biodiesel -aceites vegetales con un mínimo proceso industrial- podría desarrollarse y cubrir una alta proporción de las necesidades de combustibles del país. Estas fuentes energéticas renovables reducirían la dependencia energética del país, y brindarían a los productores agropecuarios nuevas alternativas productivas.

Si bien ya existe un cúmulo importante de conocimientos sobre la dinámica de carbono en los suelos y la emisión de gases de efecto invernadero bajo diferentes sistemas de producción, es necesario reorientar los programas de investigación en función de los nuevos objetivos de secuestrar carbono de la atmósfera, reducir las emisiones de GEI, y desarrollar nuevas fuentes energéticas. El INIA iniciará en breve un proyecto de investigación con el objetivo general de obtener conocimientos científicos y tecnológicos que soporten el desarrollo de los "permisos de emisión de GEI" como un nuevo rubro productivo del sector agropecuario.

Daniel Martino

INIA La Estanzuela

Abril de 2000