El mercado del carbono: una oportunidad para Uruguay. Uruguay Forestal 9(21): 4-9
Articulo publicado en Uruguay Forestal (21:4-9) Daniel L. Martino, Eduardo van Hoff
El vertiginoso desarrollo de la humanidad ocurrido durante los últimos 150 años ha causado el agotamiento de recursos naturales y efectos nocivos sobre el ambiente. Uno de estos efectos -resultante de la quema de petróleo, la deforestación y otras actividades- ha sido la acumulación de ciertos gases en la atmósfera que podrían inducir un calentamiento global de la Tierra. Estos gases, entre los cuales se destacan el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso, son conocidos por el nombre de gases de efecto invernadero (GEI).
El incremento esperado en la temperatura del planeta podría ocasionar la desaparición de áreas costeras, la diseminación de enfermedades infecciosas, la disminución de la productividad agrícola y la mayor frecuencia de desastres naturales, entre otros efectos. Estos daños tendrían máxima incidencia en las zonas tropical y subtropical, donde se ubican las naciones más pobres y vulnerables.
Si bien la ciencia aún no ha podido demostrar fehacientemente la existencia de un cambio climático causado por el hombre, y mucho menos la ocurrencia de los daños antes mencionados, los científicos concuerdan en aceptar que la atmósfera tiene una limitada capacidad para soportar GEI, y que dicho límite está muy cerca de ser alcanzado.
El reconocimiento de esa capacidad limitada desembocó en la adopción por 170 países -entre ellos Uruguay- de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y en la firma del Protocolo de Kioto, que impone disminuciones obligatorias en las emisiones de GEI a 39 países industrializados. Este protocolo aún no ha sido ratificado por el número de países requerido para su entrada en vigencia.
Existe una cierta correlación positiva entre actividad económica y emisión de GEI. En general, los países de mayor ingreso son a la vez los de mayor emisión, aunque hay diversas excepciones a esta regla. Es deseable que la reducción en emisiones de GEI no resulte en menor actividad económica o en barreras para el desarrollo.
Existen diversas alternativas para reducir emisiones de GEI sin que ello implique fuertes impactos negativos sobre la producción. Entre ellas, cabe mencionar al uso de fuentes de energía renovable, el desarrollo de tecnologías que permiten una mayor eficiencia de uso de los combustibles fósiles, y la decarbonización de la energía (disminución de la emisión de GEI por unidad de energía utilizada). Un ejemplo de decarbonización es el uso de gas natural en reemplazo del petróleo, lo cual reduce las emisiones por unidad de energía en cerca de 30 %.
El secuestro de anhídrido carbónico de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis es otro mecanismo reconocido como válido para compensar emisiones de GEI. La forestación y los cambios en el uso de la tierra que impliquen un flujo neto de anhídrido carbónico hacia el suelo o productos duraderos son formas sumamente eficaces y económicas de combatir el efecto invernadero.
La capacidad de fijación de carbono por bosques naturales no manejados es muy limitada, dado que éstos se encuentran normalmente en una situación de equilibrio: la tasa de fotosíntesis es igual a la tasa de respiración y el flujo neto de carbono es cero. Las plantaciones forestales en sitios donde la vegetación es de pradera o donde se practica la agricultura son la alternativa de mayor potencial de secuestro de carbono.
La reducción de emisiones de GEI podría efectivizarse a través de diversos instrumentos de política tales como impuestos, regulaciones, promoción de nuevas tecnologías y otros. Estos instrumentos presentan limitaciones debido a que generalmente o no aseguran el cumplimiento del objetivo, o lo hacen a un costo muy elevado. Existe el consenso cada vez más amplio entre los formuladores de políticas de que la manera más efectiva y menos costosa de lograr una determinada meta de reducción de emisiones es a través de mecanismos de mercado.
Un mercado de reducción de emisiones operaría de la siguiente manera. Mediante la resolución de alguna autoridad, o mediante un compromiso voluntario, se fija un tope a la emisión de GEI de ciertos países o de las empresas de un determinado ramo de actividad. Estos países o empresas recibirían permisos para emisión de GEI por una cantidad inferior a la que actualmente emiten. Algunos de ellos serán capaces de reducir sus emisiones a un costo inferior al de otros, e inclusive obteniendo beneficios económicos. Ello les permitiría reducir sus emisiones más allá de su obligación y generar así un excedente de permisos que podrían ser comercializados a aquellos que no logren reducir sus emisiones o no estén dispuestos a hacerlo.
El mecanismo de mercado, a diferencia de otros instrumentos como los impuestos, asegura el cumplimiento del objetivo perseguido, ya que la suma total de permisos emitidos es una cantidad determinada. Por otra parte, este mecanismo también determina que la reducción de emisiones sea llevada a cabo por aquellas empresas o países que lo pueden hacer a menor costo.
El uso de un mecanismo de mercado para resolver un tema ambiental tiene un exitoso antecedente en el mercado del dióxido de azufre en Estados Unidos, establecido en 1990 para combatir la lluvia ácida. Este mercado logró reducir a menos de la mitad las emisiones de este gas sin afectar de forma significativa la economía de las empresas que lo emiten.
Los orígenes del mercado del carbono se remontan a 1990, cuando la empresa Applied Energy Services desarrolló la idea de compensar su contaminación atmosférica mediante la protección de un bosque nativo en Guatemala amenazado de ser deforestado. Este proyecto conservó 10 millones de toneladas de C durante cuatro años con un costo de US$ 0,19/ton.
Luego de la Cumbre Ambiental de Rio de Janeiro en 1992 fueron surgiendo otros proyectos, la mayoría de ellos basados en la protección de bosques naturales, financiados por Estados Unidos, Holanda, Noruega y otros países europeos. Los precios oscilaron entre US$ 0,20 y 2,00 por tonelada de carbono, hasta que el gobierno de Costa Rica decidió, en 1997, vender certificados de mitigación de emisiones de GEI, por un total de 18 millones de toneladas, a un precio piso de US$ 10/ton. Los mismos fueron comercializados en Estados Unidos y Noruega. En la figura 1 se reproduce uno de estos certificados.
Figura 1. Certificado de secuestro de carbono emitido por el gobierno de Costa Rica en 1997
El Protocolo de Kioto, que establece una reducción de 5,2 % en las emisiones de GEI de los países industrializados entre 1990 y 2008-2012, sentaría las bases para el establecimiento de un sistema internacional de comercio de permisos de emisión. Sin embargo, las posiciones encontradas entre grupos de países manifestadas en los foros diplomáticos hacen pensar que el Protocolo de Kioto no va a ser finalmente ratificado.
El mercado del carbono parece estar siendo delineado no por un acuerdo internacional multilateral como el de Kioto, sino por la acción de diversos agentes individuales que marcan el camino a través de sus iniciativas. La existencia del mercado se cimenta en la fijación de topes a las emisiones de GEI. Estos topes están siendo fijados voluntariamente por algunos países que entienden deben cumplir con sus obligaciones estipuladas por la Convención de Cambio Climático. Por otra parte, diversas empresas, motivadas por la necesidad de presentar ante sus clientes una imagen de preocupación por el cuidado del ambiente, también están decidiendo voluntariamente disminuir sus emisiones de GEI. Otras empresas simplemente actúan porque especulan con que es ventajoso adquirir rápidamente experiencia en un mercado que se desarrollará inexorablemente en el futuro cercano.
Entre los países que están implementando mecanismos de mercado para el combate del efecto invernadero, Australia es el más destacado. El Estado de New South Wales promulgó la primera ley de cambio climático del mundo. La Bolsa de Futuros de Sidney ha anunciado que a mediados del año 2000 comenzará a operar con opciones de futuro de certificados de carbono generados en cualquier parte del mundo. Otros países que han avanzado en el tema son Reino Unido, Nueva Zelandia, Dinamarca, y Canadá. En el caso de Reino Unido, se espera que un mercado interno del carbono comience a funcionar en abril del 2001.
A nivel empresarial se puede citar numerosos ejemplos que ilustran cómo el mercado va tomando forma. Si bien la mayor parte de las iniciativas están orientadas hacia el sector energético, la forestación y los cambios en el uso de la tierra también parecen ser atractivos.
La empresa petrolera British Petroleum-Amoco resolvió reducir en 10 % la emisión de GEI de sus 120 unidades de negocios distribuidas por todo el mundo. Para ello ha implementado un mercado interno de certificados de reducción de emisiones, que estará operativo en enero del 2000. El sistema admite la obtención de certificados a través de la financiación de proyectos externos a la empresa, aunque en principio este mecanismo estará acotado a menos de 5% del total.
El consorcio de empresas energéticas canadienses GEMCo realizó un acuerdo con productores agrícolas del Estado de Iowa, por el cual éstos se comprometen a practicar la técnica de siembra directa a efectos de acumular carbono en sus suelos. GEMCo les paga a esos agricultores cerca de US$ 9/ha/año adquiriendo así los derechos de comercialización de los certificados de carbono que se generen en el futuro. Uno de los integrantes de este consorcio, Ontario Power Generation Inc., compró, en octubre de 1999, créditos por un millón de toneladas de carbono a Zahren Alternative Power Corporation, una empresa de Connecticut que utiliza gases de basurales para la generación de electricidad.
También se han producido transacciones basadas en plantaciones forestales. Un grupo de pequeñas y medianas empresas alemanas ha promovido la plantación de pinos en la Provincia de Neuquén, a cambio de los derechos de comercialización futura de certificados de carbono. Por su parte, la empresa eléctrica TEPCO, una de las mayores de Japón, inició este año la ejecución de un proyecto de plantación de 40.000 ha de eucaliptos en Australia con la finalidad de secuestrar carbono y utilizar en el futuro, como permisos de emisión, los certificados generados.
Por último, cabe mencionar que el Banco Mundial ha creado el llamado Fondo Prototipo de Carbono, que en principio será de US$ 150 millones. Este fondo será conformado con los aportes de diversas corporaciones de varios países, y tendrá como propósito la financiación de proyectos que reduzcan emisiones o secuestren carbono. Estos proyectos serán ejecutados en países en desarrollo.
El tamaño del mercado del carbono dependerá básicamente de las metas cuantitativas de reducción de emisiones que se definan, y también de factores políticos. Si el objetivo fuese la estabilización de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera en 500 a 550 partes por millón, el volumen del mercado sería, en el 2010, del orden de 1000 millones de toneladas de C por año, según diversas estimaciones. Esa cifra podría reducirse si, como pretende la Unión Europea, se imponen restricciones a la computación de reducción de emisiones efectuadas fuera de las fronteras de un país.
Los precios del mercado se han mantenido en el entorno de US$10 a 12 por tonelada de carbono. La gran mayoría de las proyecciones predicen valores superiores a US$ 25 para mediados de la próxima década. Ello se basa en el hecho de que los costos de reducción genuina de emisiones a través de cambios tecnológicos u otros mecanismos oscila entre US$ 50 y 500 por tonelada de carbono en los diferentes países e industrias. El Banco Mundial ha estimado que en el 2020 el precio de la tonelada de carbono se situará en US$ 50, con un volumen de comercio mundial del orden de 3000 millones de toneladas anuales.
El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, en particular aquellas relacionadas con fuentes de energía renovable, pueden atentar contra el desarrollo del mercado del carbono. Según la opinión calificada de expertos, es de esperar que este mercado alcance un tamaño máximo en un plazo de 20 a 30 años, y luego comience a decaer como consecuencia del uso de esas nuevas tecnologías y de una estabilización de la población mundial.
Uruguay es uno de los pocos países que podrían obtener réditos potencialmente importantes con el desarrollo de un mercado del carbono. Para que ello suceda, sin embargo, se requiere de un proceso que comienzaría con la toma de conciencia acerca de las oportunidades, y se debería continuar con acciones concretas de gobierno, tanto a nivel interno como en el ámbito de la diplomacia. Estas acciones definirían las reglas de juego para el desarrollo de un sistema de comercio.
El análisis del inventario nacional de gases de efecto invernadero (MVOTMA 1995,1998) muestra que la emisión anual total de GEI, medida en unidades de potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA) es del orden de 32 Tg CO2 equivalentes (Figura 2). Ello implica una emisión de 2,6 ton C/año per capita, equivalente a la de algunos países altamente industrializados. Si expresáramos la emisión de GEI por unidad de producto, Uruguay se ubicaría entre los países de mayor nivel de contaminación de la atmósfera.
Figura 2. Emisión anual en Uruguay de anhídrido carbónico (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA) y absorción de CO2 en 1990 (MVOTMA 1995), 1994 (MVOTMA 1998) y 2000 (estimación propia), expresada en millones de toneladas de CO2 equivalentes.
A diferencia de los países industrializados, en los que el origen de la contaminación con GEI es el consumo de combustibles fósiles, en Uruguay el sector agropecuario es el principal emisor de estos gases (Figura 3). La ganadería extensiva, que produce gases de alto PCA (metano y óxido nitroso), es responsable por cerca de 80 % del PCA total del país.
Figura 3. Emisión anual en Uruguay de anhídrido carbónico (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en 1990 (MVOTMA 1996) expresada en millones de toneladas de CO2 equivalentes.
Los cambios en el uso de la tierra y, en particular, la forestación, han contribuido significativamente a reducir las emisiones netas de GEI desde 1990 (Figura 2) a través del secuestro de CO2 de la atmósfera. Mientras que la emisión total anual de GEI no ha variado durante los últimos diez años, la emisión neta se ha reducido en aproximadamente un tercio. Y ello ha ocurrido en un período en el cual la economía se expandió en 40 %. La emisión neta de GEI per capita es hoy de 1,7 ton C/año.
Este análisis permite identificar los mecanismos por los cuales el país podría generar certificados de reducción de emisiones comercializables a nivel internacional. Los siguientes serían, a nuestro juicio, los más relevantes.
La plantación de bosques con especies de rápido crecimiento aparece como la oportunidad más inmediata y cuantitativamente más importante. La capacidad de secuestro de carbono es del orden de 5 a 7 ton C/ha/año en la madera, y de 1-2 ton C/ha/año en el suelo. Si bien el proceso de plantación propiamente dicho puede resultar en una emisión neta de anhídrido carbónico hacia la atmósfera, la misma es de naturaleza transitoria. Luego de un tiempo de implantado el bosque, la actividad fotosintética de los árboles comienza a producir una acumulación de carbono en los tejidos leñosos, y en el suelo, superando largamente dicha emisión neta inicial. Por otra parte, es necesario considerar que la plantación de bosques sustituye a la ganadería, resultando en una reducción de emisiones de GEI, tal como se discute más abajo.
En el área actualmente forestada, la remoción de carbono del aire es de cerca de 3 millones de toneladas anuales, cifra que podría multiplicarse por un factor de 3 ó 4 si se lograra el aprovechamiento de las áreas que han sido declaradas de prioridad forestal y que aún no han sido plantadas. Asumiendo un precio de mercado de US$ 25/ton C, el país podría estar generando divisas por más de US$ 200 millones al año por la venta de certificados. Ello sería en adición a la comercialización de los productos de la madera a ser obtenidos.
Sin perjuicio de ello, es necesario tomar en consideración que a dicha cifra deberá deducírsele la cantidad de carbono que sea retornado a la atmósfera por la eventual descomposición de los productos obtenidos. Aún no está claro cómo se va a contabilizar este proceso. Una fórmula que ha sido propuesta en Australia es que se contabilice como flujo negativo la totalidad del carbono contenido en la madera cosechada. Esto, si bien simplifica la contabilidad, no parecería correcto, ya que se basa en una descomposición instantánea de la madera cosechada.
Otra alternativa sería asignar, a cada producto obtenido, una vida media, y descontar en cada año sucesivo a la cosecha la cuota parte correspondiente a su descomposición ficta. Este método complica la contabilidad pero sería una mejor aproximación a la realidad. Sin embargo, el mismo deja pendiente de resolución el tema de quién es imputable por la liberación de CO2 a la atmósfera debida a la descomposición de los productos: ¿es el productor forestal o el usuario de la madera el responsable por la emisión? Este dilema deberá dilucidarse a través de una definición política.
Desde la introducción de la ganadería hace 300 años, los suelos del país han perdido importantes cantidades de carbono que se encontraba naturalmente almacenado en forma de materia orgánica, y que ha contribuido al incremento en la concentración de este gas en la atmósfera. Este proceso se aceleró marcadamente con la expansión de la agricultura en el siglo XX.
No hay estudios que hayan cuantificado la magnitud de este proceso, pero la pérdida se podría estimar en al menos decenas de millones de toneladas de carbono. Además del efecto de contaminación atmosférica, este proceso ha significado también un importante deterioro de la potencialidad productiva del país, ya que la materia orgánica es un componente fundamental de la calidad de los suelos.
Aunque ecológicamente posible, es impensable devolver a los suelos el carbono que fue liberado, ya que ello implicaría el retorno a la condición prístina. Sin embargo, hay alternativas que permiten al menos una recuperación parcial de ese carbono.
La más notoria de ellas es la adopción de la siembra directa, una técnica de producción agrícola que, cuando se establece sobre suelos que han perdido importantes cantidades de materia orgánica, permitite acumular carbono a tasas de hasta más de 1 ton C/ha/año. Por otra parte, la siembra directa reduce la erosión de los suelos -un importante proceso de liberación de CO2 a la atmósfera- y el uso de combustibles fósiles. Datos recientemente obtenidos en INIA La Estanzuela sugieren que, además, la siembra directa reduciría la emisión desde los suelos de óxido nitroso -gas con un potencial de calentamiento de la atmósfera 300 veces superior al del CO2- con relación a los sistemas de agricultura convencional.
La necesidad de mayor información científica sobre estos procesos es evidente. A efectos de una cuantificación primaria del potencial de la siembra directa, es posible asumir que en las áreas en que la misma se practique se podría acumular el equivalente a 2 ton C/ha/año, considerando la reducción de emisiones y la formación de materia orgánica. Sobre un total de un millón de hectáreas, el país podría recaudar unos US$ 50 millones por año, además de mejorar notoriamente la calidad de los suelos. Cabe acotar que la capacidad de acumulación de materia orgánica en los suelos no es ilimitada, por lo que se trataría de un proceso que ocurriría por única vez durante un período de 10 a 20 años.
Como señalamos más arriba, varios países han emitido y comercializado certificados de carbono basados en la protección de bosques contra la deforestación. Uruguay ya cuenta con legislación que protege 700.000 ha de bosque nativo, lo cual, además de preservar un recurso natural de alto valor, ha evitado la emisión de millones de toneladas de carbono que hubieran resultado de su explotación.
Si bien es improbable que una medida adoptada antes de 1990 sea aceptada para ser contabilizada como reducción de emisiones, igualmente es importante tenerla presente y utilizarla en favor del país a la hora de las negociaciones internacionales. Cabe mencionar que la protección actual del bosque nativo se inspiró en un objetivo puramente conservacionista y fue lograda en ausencia de estímulos económicospara el país. Esta medida afecta tanto al Estado, que dejó de recaudar impuestos a la tierra en las áreas protegidas, como a numerosos productores agropecuarios que, por poseer bosque indígena, no pueden utilizar para sus explotaciones la totalidad de sus campos.
La fermentación ruminal del ganado bovino y ovino produce metano, un gas con PCA 20 veces superior al del anhídrido carbónico. Por otra parte, las deyecciones de estos animales producen importantes cantidades de óxido nitroso. Este gas tiene un PCA 310 veces superior al del anhídrido carbónico.
La producción de metano es particularmente importante en animales alimentados con dietas de alto contenido de fibras y bajo nivel energético. Este es el caso de la ganadería extensiva en Uruguay. Los productores uruguayos emiten más de 700 g de metano por cada kilogramo de carne producido. En términos de PCA, esto es equivalente a 4 ton C/ton carne. Si estos productores tuvieran que pagar por la contaminación que ocasionan, su ganancia se vería disminuida en US$ 100 por tonelada de carne producida. Y, si además del metano, considerásemos las emisiones de óxido nitroso, ese costo fácilmente se duplicaría.
Esto constituye una fuerte amenaza para este sector tan importante de la actividad económica del país. Actuando con celeridad e ingenio, es posible transformar dicha amenaza en una oportunidad.
La contaminación atmosférica de la ganadería extensiva puede ser reducida a través de varios mecanismos. El más inmediato es la modificación de la dieta de los animales. El metano producido es en realidad un desperdicio de energía. El mejor aprovechamiento de esa energía implicaría, a la vez, menor contaminación y mayor productividad. El uso de dietas de adecuado balance entre fibra y energía permitiría lograr ambos objetivos. Alternativamente, la utilización de ionóforos -antibióticos que inhiben la formación de metano en el rumen- podría contribuir a reducir las emisiones y aumentar la producción donde no es posible mejorar la dieta.
Un segundo mecanismo sería el desplazamiento de la ganadería desde aquellas zonas en las que la misma tiene una productividad extremadamente baja y es un negocio deficitario. La fijación de carbono aparece como un rubro alternativo muy atractivo para estos suelos de baja productividad y sobre los cuales la inversión en infraestructura es sumamente escasa. En realidad, este proceso de desplazamiento de la ganadería ya ha comenzado a ocurrir con el desarrollo de la forestación.
Algunas cifras pueden ayudar a ilustrar la significación de la fijación de carbono como rubro productivo en estos suelos. Una hectárea típica bajo ganadería extensiva emite hoy cerca de 0,5 ton C equivalente en forma de metano y óxido nitroso. La supresión del ganado implica que automáticamente se inicie un proceso de acumulación de materia orgánica en el suelo. Si bien se carece de información científica que la cuantifique, una acumulación de 0,5 ton C/ha/año parece razonable. Sumando la reducción de emisión y la fijación de carbono se llega a 1 ton C/ha/año, potencialmente comerciable a US$ 25. Esta cifra es notoriamente superior al ingreso neto que hoy obtienen esos productores. Cabe agregar que la capacidad de fijación de carbono podría incrementarse en varias veces mediante un manejo orientado hacia ese objetivo.
En síntesis, la reducción de las emisiones de GEI de la ganadería extensiva constituye una posible fuente de ingresos para este sector, con los beneficios adicionales de aumentar la productividad y mejorar la calidad de los suelos. Una reducción de 20 % en las emisiones de GEI podría generar un ingreso de US$ 150 millones anuales.
Aproximadamente la mitad de la energía consumida en el país proviene de fuentes renovables, principalmente leña e hidroelectricidad. El resto proviene de la quema de combustibles fósiles, que liberan a la atmósfera anualmente cerca de 1,5 millones de toneladas de carbono. Si los consumidores de petróleo pagaran por el calentamiento de la atmósfera que ocasionan, la cuenta anual sería de US$ 37 millones.
Dos grandes consumidores estatales -UTE y ANCAP- son responsables por cerca de un cuarto de la emisión total por quema de petróleo. La emisión anual de estas empresas es de 0,2 y 0,15 millones de toneladas de C, respectivamente.
El reemplazo de petróleo por gas natural en la generación de electricidad permitirá a UTE producir certificados de reducción de emisiones de GEI por 60.000 ton C/año, con un ingreso posible para el ente de US$ 1,5 millones anuales. Si en vez de gas natural se utilizara biomasa, la facturación anual por venta de certificados podría ser de hasta US$ 5 millones. Ello tendría como beneficios adicionales un mayor valor agregado a la inversión forestal nacional -al crear una nueva alternativa para la comercialización de residuos del bosque y la industria- y una menor dependencia del país de un insumo importado.
También ANCAP, al igual que muchas otras empresas petroleras de todo el mundo, es potencialmente un importante protagonista del mercado del carbono. La venta de certificados por reducción de emisiones propias y, principalmente, el desarrollo de combustibles renovables y otros productos "verdes" serían las oportunidades para este ente.
El uso de biocombustibles no ha sido hasta el presente una alternativa económicamente viable en Uruguay. La venta de certificados de reducción de emisiones que el reemplazo del petróleo permitiría generar podría viabilizar su adopción en el futuro. De igual forma que en el caso de la biomasa para generación de electricidad, los biocombustibles reducirían la dependencia energética del país y crearían nuevas alternativas para los agricultores uruguayos. Una alternativa que merece consideración es el desarrollo de aceites vegetales como combustibles diesel (biodiesel). Los aceites de diversos cultivos oleaginosos sembrados en el país -canola, girasol, soja y otros- serían muy adecuados para este fin.
El crecimiento futuro en la demanda de energía asociado con el desarrollo económico del país podría ser satisfecho mediante un creciente uso de fuentes renovables. Además de aquellas de origen biótico, los costos decrecientes de las energías fotovoltaica y eólica hacen pensar que éstas tendrán un peso cada vez mayor en el mundo y también en Uruguay.
La elaboración de cemento y otros materiales de construcción en Uruguay produce una emisión de GEI equivalente a 0,15 millones de toneladas de carbono por año. Siguiendo el mismo criterio de los casos discutidos anteriormente, el costo de esta contaminación podría estimarse en US$ 3,5 millones anuales.
Esta cifra parece de relativamente escasa significación y posiblemente no pueda reducirse demasiado. Las oportunidades para Uruguay con relación a los materiales de construcción frente al mercado del carbono radican en el crecimiento futuro. El país ha creado un importante recurso maderero que sin dudas será crecientemente utilizado en la construcción. Ello implica crecimiento económico sin aumento de emisiones de GEI.
El desarrollo de un mercado del carbono es inexorable y Uruguay está en una posición ideal para beneficiarse del mismo. Es factible que en muy pocos años la venta de certificados de carbono se convierta en un rubro importante en la balanza comercial del país. Para que esto sea posible, el Gobierno Nacional y los agentes privados deberán recorrer un camino de definiciones políticas, negociaciones y mucho trabajo. A continuación brindamos algunas sugerencias sobre acciones a seguir en el caso particular del sector forestal.
El primer requisito para la participación en el mercado es la creación del commodity. Para ello es necesario que el país defina, y asuma frente a la comunidad internacional, un tope a sus emisiones de GEI en un cierto marco de tiempo. De no existir este compromiso, todo esfuerzo que resulte en reducción de emisiones carecería de valor económico. Argentina ha sido el primer y único país en desarrollo que asumió este compromiso: sus emisiones de GEI en el 2010 serán entre 2 y 10 % inferiores a las que tenía proyectadas previamente. Uruguay debería seguir el mismo camino.
Uruguay ya ha dado un paso muy importante al ser uno de los pocos países en desarrollo que ha cumplido en tiempo y forma con las comunicaciones nacionales establecidas en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Esto, junto a la declaración de un tope voluntario a sus emisiones, ubicaría al país en una posición privilegiada para comenzar a operar rápidamente en el mercado del carbono o para atraer inversores en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.
Otro rol del Gobierno sería el desarrollo de legislación que determine las reglas de juego y cree las estructuras necesarias para el cumplimiento de las funciones que requieran de una participación estatal. Los casos de Australia, Reino Unido, Argentina y otros países podrían servir como fuentes de ideas.
Pasando a considerar específicamente el sector forestal, sería necesario una revisión de las políticas teniendo en cuenta la actividad de secuestro de carbono. A modo de ejemplo, se debería cosiderar:
la posibilidad de desarrollar proyectos forestales destinados principalmente a la captación de carbono, tal vez con especies diferentes a las utilizadas actualmente.
el desarrollo de una política de estímulos para el manejo de bosques con destino aserrable y de promoción de industrias de productos sólidos de madera.
la promoción del uso de biomasa para fines energéticos en reemplazo de combustibles fósiles.
la promoción del uso de madera como material de construcción.
Los productores forestales también deberían comenzar a actuar rápidamente a efectos de estar preparados para participar en el mercado cuando surjan las oportunidades. Las siguientes son algunas sugerencias:
Incluir la variable carbono en los inventarios de recursos forestales, considerando además el carbono fijado en el suelo y el metano y óxido nitroso que se deja de emitir al reemplazar a la ganadería.
Considerar eventuales ingresos por la venta de certificados de C en flujos de caja y análisis de rentabilidad.
Evaluar la posibilidad de reorientar esquemas productivos en función del objetivo de secuestrar carbono (por ejemplo, alargar turnos de cosecha y manejar con podas y raleos).
Considerar los posibles impactos del desarrollo de un mercado del carbono sobre los precios de la madera.
El análisis efectuado en este artículo permite concluir que, de participar en el mercado internacional del carbono actualmente en gestación, el país podría obtener ingresos por cientos de millones de dólares anuales por venta de certificados de reducción de emisiones netas de GEI.
Las ventajas comparativas de Uruguay radican en la elevada proporción de fuentes renovables en el total de energía consumida y en el hecho de que el país -con una economía en desarrollo- tiene niveles de emisión de GEI de país desarrollado. Ello se debe a la alta proporción de gases de alto PCA (óxido nitroso y metano) en la emisión global.
El país ofrece además importantes ventajas para atraer inversión extranjera para el desarrollo de sumideros de carbono: alta disponibilidad de tierras de valor relativamente bajo, existencia de una política de estímulo a la inversión forestal, y elevado potencial de secuestro de carbono. De hecho, es de esperar que el desarrollo del mercado del carbono provoque una nueva aceleración de la inversión en el sector forestal.
La capitalización de los potenciales beneficios del mercado del carbono para el país y, en particular, para los productores forestales, dependerá de la concreción de una serie de acciones sucesivas por parte del Estado y los privados. Los productores forestales deberían comenzar a prepararse rápidamente para participar tempranamente en el mercado.
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